Reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (la “Reforma”).

Principales modificaciones a la Ley de Amparo

Interés legítimo

La Reforma limita el concepto de interés legítimo, exigiendo que la persona quejosa acredite una lesión jurídica individual o colectiva, real, y diferenciada del resto de las personas, asimilando este requisito, en los hechos, al interés jurídico tradicional. Si bien este criterio existía en precedentes, su incorporación explícita en la Ley de Amparo podría tener como consecuencia que se admitan menos amparos o que se determine su improcedencia en la Audiencia Constitucional y, por lo tanto, que sea más difícil para los gobernados acceder a este medio de defensa.

Además, se incorpora un nuevo requisito: que la concesión del amparo genere un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual, lo que excluye beneficios indirectos o futuros previamente reconocidos por la jurisprudencia.

Con lo anterior, se reduce la discrecionalidad judicial para definir caso por caso el alcance del interés legítimo, limitando el margen interpretativo de los jueces. Además, la Reforma omitió criterios más recientes que han ampliado y consolidado el entendimiento de la figura del interés legítimo.

En efecto, el interés legítimo debe ser un concepto indeterminado, que el Juez, al momento de valorarlo, pueda determinar en cada caso concreto

Procedencia del Juicio de Amparo Indirecto 

Se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 107 para establecer que las normas generales aplicadas en procedimientos de ejecución o cobro de créditos fiscales sólo podrán ser impugnadas mediante amparo presentado contra la resolución de convocatoria de remate, y no antes.

Suspensión

Se reforman los artículos 128, 129, 135, 138, 146, 148, 166 y 168 de la Ley de Amparo.

Desde la reforma constitucional de 2011, para otorgar la suspensión en el juicio de amparo, se requería: (i) la existencia del acto, (ii) que se desprenda la apariencia del buen derecho, (iii) la no afectación al interés social, y (iv) la no contravención a normas de orden público.

Con la Reforma se amplía la regulación contenida en la Ley de Amparo, estableciendo de manera expresa que, para acreditar su procedencia, además de los cuatro requisitos anteriores, deberán satisfacerse lo siguiente: (v) el interés suspensional (que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del Quejoso), y (vi) que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social y el orden e interés público, se deberá advertir de posibles daños significativos a la colectividad.

También se agregan nuevos supuestos en la suspensión:

1. Materia administrativa: No procede la suspensión para la realización de actividades o prestación de servicios, cuando no se cuente con un permiso, concesión o autorización emitido por autoridad federal competente.
2. Sistema financiero: En operaciones posiblemente vinculadas con lavado de dinero o que obstaculicen la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera.
   
   En casos de congelamiento de cuentas, no procederá la suspensión provisional, y la suspensión definitiva únicamente podrá concederse si se acredita la licitud de los recursos involucrados. Sin embargo, la reforma garantiza que, aun cuando las cuentas estén congeladas, se permita el acceso a recursos necesarios para cubrir necesidades esenciales como salarios, pensiones y vivienda.
3. Materia fiscal: La suspensión surtirá efectos únicamente si se garantiza el interés fiscal mediante billete de depósito emitido por institución autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registrada ante el Servicio de Administración Tributaria.
4. Deuda Pública: La suspensión se concederá únicamente en los casos en que no se obstaculice al Estado el ejercicio de sus facultades en materia de deuda pública.

Plazos procesales y recusaciones

Se establecen restricciones en materia de recusaciones, limitando su procedencia cuando existan indicios de solicitarse con fines dilatorios:

1. Se adiciona al artículo 60 que la recusación deberá presentarse antes de que el asunto se publique en lista para sesión, salvo en caso de retiro o aplazamiento.
2. El artículo 121 limitaría la ampliación de plazos probatorios, salvo en casos justificados.
3. Además, se fijan nuevos plazos específicos: 5 días para notificar la admisión del recurso de revisión, 90 días para dictar sentencias de amparo indirecto fuera de audiencia, y 3.5 días para notificar la admisión del amparo directo.

Juicio de Amparo Digital

Aunque el juicio en línea ya había sido implementado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, la Ley de Amparo carecía de regulación expresa. Así, se reforman los artículos 3, 25, 26, 27, 28 y 30, formalizando el juicio de amparo digital como una alternativa opcional para los quejosos, y obligatoria para las autoridades responsables.

Los principales cambios incluyen:

1. Expedientes electrónicos y notificaciones preferentemente digitales.
2. Presentación de escritos en formato digital.
3. Comparecencia remota de autoridades.

Para que se reflejen esta nuevas medidas, de acuerdo con el Transitorio Cuarto de la Reforma, el Órgano de Administración Judicial cuenta con un plazo de 360 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, así como con un plazo de 180 días naturales para emitir un Acuerdo General que regule los expedientes electrónicos.

Ampliación de demanda

Se restringen los supuestos de procedencia de la ampliación de la demanda, estableciendo de manera taxativa que sólo procederá en los casos expresamente reconocidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, esto es, cuando no haya vencido el plazo legal para la presentación de la demanda o respecto de hechos desconocidos al momento de su interposición, siempre que guarden relación directa con los actos reclamados en la demanda original.

Ejecución de sentencias

Se adiciona al artículo 192 de la Ley de Amparo la obligación de que los jueces analicen previamente la competencia de la autoridad para el cumplimiento de las ejecutorias, ya sea las autoridades responsables u otras que considere vinculadas al cumplimiento de la sentencia.

Juicios de Amparo en trámite.

La Reforma establece, en su transitorio Tercero, que, al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales ya concluidas que generen derechos adquiridos se regirán conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Sin embargo, señala que aquellas actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor, es decir, a partir del 17 de octubre de 2025, se regirán bajo esta Reforma.

Lo anterior quiere decir que las nuevas actuaciones, como por ejemplo, la revisión de una suspensión previamente otorgada en beneficio de un gobernado, podría ser invalidada, al resolverse el Recurso correspondiente, bajo los nuevos parámetros que rigen a la figura de la suspensión en la Reforma.

Es decir, se aplicaría retroactivamente con posibles perjuicios a los gobernados , lo cual es clara violación al principio de irretroactividad de las leyes protegido por la Constitución Federal.

Reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Con la Reforma se modifica el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Con ello, se establecería como causal de improcedencia del recurso de revocación y del juicio contencioso administrativo la impugnación de actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución relativos a créditos fiscales firmes o solicitudes de prescripción, así como en contra de aquellos actos administrativos que el contribuyente manifieste desconocer.

En consecuencia, los contribuyentes deberán acudir directamente al juicio de amparo para controvertir dichos actos.

Conclusión

La Reforma introduce cambios significativos en el juicio de amparo y el litigio fiscal en México.

Por un lado, limita el acceso al amparo al redefinir el interés legítimo, lo que probablemente reducirá el número de juicios admitidos o en aquellos casos donde se admitan, se decrete la improcedencia por falta de interés. Esto, que, en consecuencia, debilitará este mecanismo de control constitucional como medio de defensa.

Por otro, se endurecen las condiciones para la procedencia de la suspensión en materias clave, trasladando al particular la carga de acreditar la licitud de sus actos o recursos, y condicionando dicha protección a garantías más onerosas y con mayores requisitos legales. Estas modificaciones implican mayores costos procesales y económicos para contribuyentes y particulares.

Además, la regulación expresa del juicio de amparo digital institucionaliza prácticas ya implementadas por el Poder Judicial de la Federación, lo que puede mejorar la eficiencia y el acceso, aunque también plantea desafíos en materia de infraestructura tecnológica y protección de datos personales.

Sin embargo, es de destacar que esta modernización al Juicio de Amparo, beneficiará a los particulares, pues en ocasiones, las autoridades responsables no contaban con acceso a notificaciones electrónicas, lo que hacía demasiado tardado que se les notificara una actuación. La agilización de este medio de control constitucional es esencial para su debida efectividad.

En conjunto, la Reforma fortalece el control de las autoridades sobre los procesos y reduce el margen de defensa de los particulares, configurando un esquema más rígido, restrictivo, costoso, y que viola, en cierta medida, el principio constitucional de irretroactividad de las leyes. Por ello, en adelante, tanto particulares como autoridades deberán anticipar y, en muchos casos, replantear sus actuaciones y estrategias dentro de un marco de mayores exigencias procesales, económicas y probatorias.

Escrito por Marino Castillo Moreno, Andrea de los Santos, Andrea Pérez y Alejandro Gómez.